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La educación se aprieta el cinturón

Las primeras medidas en materia de educación anunciadas por el ministro José Ignacio Wert se materializan con la aprobación del decreto-ley publicado el en BOE el 20 de abril. Los cambios más comentados son el aumento del número de estudiantes por clase, la reducción en la contratación de profesores interinos y la posibilidad de encarecer las matrículas de las universidades públicas.

Algunas de las medidas contenidas en el texto son de carácter excepcional, reversibles y responden al ajuste presupuestario forzado por la coyuntura económica. Por otro lado, sin embargo, también se incluyen otras de carácter más estructural cuyo objetivo es mejorar la eficiencia del sistema educativo y conseguir un mayor aprovechamiento de los recursos que se dedican a la educación.

Según el texto oficial, el objeto de esta modificación legislativa es el de “proporcionar a las administraciones educativas un conjunto de instrumentos que permitan conjugar los irrenunciables objetivos de calidad y eficiencia del sistema educativo con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria”. Un objetivo complejo, pero que el Gobierno ve realizable con la ayuda de esta nueva ley.

En lo que respecta a la enseñanza no universitaria, entre otras medidas, el texto fija el mínimo de horas que deberán impartir los profesores y flexibiliza el número de alumnos por clase. Asimismo, prohíbe la contratación de profesores suplentes para cubrir bajas inferiores a diez días y retrasa hasta 2014 la implantación de los nuevos ciclos formativos de grado medio y superior. Entre otros detalles que afectan a los centros de Secundaria, la norma también elimina la exigencia de ofertar al menos dos modalidades de Bachillerato.

Además, en lo que respecta a estudios superiores, la ley prevé la racionalización del mapa universitario y de la oferta de titulaciones, eliminando aquellas que no tengan suficiente demanda y fomentando la colaboración interuniversitaria para impartir titulaciones conjuntas. Asimismo, las universidades públicas podrán incrementar las tasas de matrícula con el objetivo de mantener la estabilidad presupuestaria.

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